San Juan, Puerto Rico – El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) impuso sanciones económicas y amonestaciones formales a los organizadores de un torneo de voleibol celebrado en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, tras identificar serias irregularidades que violan reglamentos diseñados para proteger a menores de edad.
Según detalló la agencia gubernamental, el evento no contaba con la acreditación oficial requerida por el DRD. Entre las fallas señaladas en el informe de hallazgos, se destaca la participación de entrenadores y árbitros sin las licencias reglamentarias, la programación de más partidos de los permitidos legalmente para menores y una evidente falta de supervisión adulta. Además, se detectó la ausencia de seguros médicos y de responsabilidad civil para los participantes.
Las deficiencias fueron identificadas tras una confidencia recibida y evaluada por personal de la agencia, quienes realizaron una inspección directa del evento. Como resultado, la Comisión de Seguridad en el Deporte del DRD recomendó imponer una multa de $5,000 por la falta de acreditación, más una multa adicional de $500 por exceder el número de partidos permitidos. También se emitieron amonestaciones escritas por la ausencia de licencias, con un plazo de 60 días para cumplir con los requisitos establecidos por ley.
El secretario del DRD, Héctor Vázquez Muñiz, explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Departamento para reforzar las medidas de seguridad en eventos deportivos juveniles. “El cumplimiento con los reglamentos no es opcional. Está directamente vinculado con la protección de los menores y la integridad del deporte puertorriqueño”, afirmó el funcionario.
Las multas deberán ser saldadas en un término de 60 días, y los responsables del evento podrán presentar una solicitud de reconsideración ante el DRD o acudir al foro judicial correspondiente, según lo dispuesto por ley.
El DRD reiteró su compromiso de continuar monitoreando actividades deportivas para garantizar que cumplan con los estándares mínimos de seguridad y legalidad. Este caso también sirve como recordatorio a otras entidades organizadoras de que el incumplimiento de la normativa puede conllevar consecuencias legales y económicas.
Fuente WIPR
